• Rodolfo Herrera Bravo

Diario Oficial gratis, ya


(Opinión publicada en mayo de 2010)

Garantizar el acceso libre y gratuito a las bases de datos del Diario Oficial es básico para exigir conocimiento de las leyes que se publican.

En El Mercurio del sábado 22 de mayo aparece una opinión de los consejeros del Consejo para la Transparencia referida al destino del Diario Oficial y la gratuidad del acceso a la documentación legal. Ello a propósito del actual debate sobre el futuro del diario "La Nación", considerando que esta empresa tiene a su cargo la edición del Diario Oficial.

Los consejeros, acertadamente, advierten sobre la oportunidad en que nos encontramos -el mencionado debate- para que las autoridades puedan cambiar la situación de acceso restringido a la legislación. En efecto, el Diario Oficial en línea permite ver gratis sólo el sumario, pero no la descarga de las normas y su tratamiento, salvo que las personas paguen una suscripción. De hecho, incluso los órganos públicos deben contratar el acceso a esa base de datos legislativa.

Por eso me pareció muy oportuna la observación del Consejo, máxime si el paradigma de transparencia de la función pública tiene una manifestación muy concreta en la publicidad de las normas jurídicas. Basta pensar en las obligaciones de transparencia activa de la Ley 20.285, en orden a publicar el marco normativo de cada órgano de la Administración, las disposiciones que establecen sus potestades, funciones y competencias, los actos que producen efectos sobre terceros e, incluso, los actos que se publican en el Diario Oficial.

Casos similares

Si bien la gratuidad en el acceso es más una decisión política que un imperativo legal, la empresa periodística La Nación podría reestructurarse o redefinir sus servicios, para seguir el ejemplo de la Biblioteca del Congreso Nacional, quien desde hace años ha realizado esfuerzos por la máxima difusión normativa, no sólo con el acceso a los textos completos de leyes y normas reglamentarias a través del sitio www.leychile.cl, sino también ofreciendo textos concordados con otras normas que los modifican y realizando un interesante desarrollo temático para explicar algunas leyes más relevantes a la ciudadanía.

También hay que mencionar el esfuerzo de la Contraloría General de la República, quien desde hace algunos años modificó su política de acceso bajo suscripción a sus bases de jurisprudencia administrativa y ahora permite el acceso al texto completo de sus dictámenes directamente desde su sitio web. Mirando desde fuera esa realidad, debo confesarles que me alegra haber sido parte del equipo que planteó a los Contralores anteriores la necesidad de ofrecer el acceso gratuito a las bases y trabajó para implementarlo.

Además, hace un par de años me tocó conocer el enorme y muy acertado esfuerzo del Poder Judicial para generar bases de datos jurídicas de gran calidad. No sé la actual situación de ellas, pero recuerdo que estaba considerada una política para facilitar su acceso público.

Por lo tanto, sería valioso que la sociedad civil también se sume al paso dado por el Consejo para la Transparencia, quien señala haber enviado un oficio al Ministro Secretario General de la Presidencia recomendando que el Diario Oficial brinde acceso universal y gratuito, vía Internet, a las normas generales que publica.

El ejemplo español

Recuerdo que en España se logró que el Congreso de los Diputados abriera el acceso del Boletín Oficial del Estado, apoyado eficazmente por la campaña "BOE Gratis Ya", emprendida por el sitio web derecho.org, en los buenos tiempos en que era integrada por mis buenos amigos Erick Iriarte y Humberto Carrasco, con quienes tuve el honor de trabajar (eso sí, no en esa campaña).

En estas fechas de arengas (21 de mayo y el siempre recordado "al abordaje muchachos"), bien podría terminar diciendo: "Diario Oficial Gratis Ya". ¿Qué opinan?

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