(Opinión publicada en noviembre de 2013)
El programa de gobierno de la próxima presidenta de Chile contempla una Nueva Constitución y, con ello, es la oportunidad para nuevos derechos fundamentales.
Lo reconozco. Cuando hago clases tiendo a ponerme un poco autorreferente. Pero hay temas en los que he tenido la suerte de participar de cerca en muchas de las normas que enseño. Sea porque las fiscalicé en la Contraloría, porque redacté la resolución, decreto o dictamen del que hablo, o porque participé en interesantes reuniones de análisis de esas materias.
Recuerdo, por ejemplo, varias mesas de trabajo gubernamentales a las que he sido invitado bajo los gobiernos de los presidentes Frei, Lagos, Bachelet y Piñera. Desde allí he ganado valiosas experiencias en gobierno electrónico, firma digital, delitos informáticos, transparencia y protección de datos, pudiendo trabajar en el análisis de prioridades para la legislación informática de Chile, tanto en la Agenda Digital 2002-2004 y la de 2007-2012.
Hoy, tras la primera ronda de elecciones, es un hecho que el próximo año comienza un segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Como todo cambio en las fuerzas políticas, esto debería traer no sólo caras nuevas (realmente espero que así sea), sino también estilos de dirección y prioridades distintas.
Por esa razón me interesó revisar el programa de la Nueva Mayoría, conocido por su énfasis social (reforma educacional, reforma tributaria y nueva Constitución), para ver el papel que jugará lo tecnológico.
Me parece muy importante conocerlo porque lo social y lo tecnológico van de la mano. Así como toda brecha digital no es sino una manifestación de las desigualdades sociales de un país; las reivindicaciones sociales encuentran en la tecnología un poderoso motor que las concreta, por ejemplo, democratizando esa educación de calidad que tanto se demanda.
La posición que adopte un Gobierno frente a definiciones tecnológicas de un país resulta fundamental. No podemos pensar que son temas que autorregula el mercado o que los ciudadanos, actuando simplemente como consumidores, son capaces de precisar. Los gobiernos deben pronunciarse sobre el desarrollo tecnológico, de cara a sus ciudadanos, y no sólo seguir un estándar construido por empresas como Apple, Microsoft u otras similares.
Por esa razón, considero importante ver cómo viene la mano en la futura administración a través de 3 temas:
1. Nuevos derechos fundamentales. 2. Estrategia de innovación. 3. Agenda digital.
Nueva Constitución: la oportunidad para nuevos derechos fundamentales
Las Constituciones Políticas sientan las bases de todo el ordenamiento jurídico de un país, organizan el Poder y definen la estructura orgánica más significativa de un Estado.
Pero no se quedan sólo en aspectos de organización política. La misión más crucial que cumplen es el reconocimiento y garantía de derechos esenciales de las personas. Con ello, fijan el objetivo y el límite de las políticas públicas, dan contenido a las demandas sociales y permiten exigir instrumentos que favorezcan el ejercicio libre y eficaz de tales derechos.
No olvidemos que si la Constitución reconoce y garantiza algún derecho, ninguna ley, decreto, sentencia judicial o contrato podría conculcarlo, desnaturalizarlo y anularlo.
Muchos creemos que necesitamos una nueva Constitución Política. Siendo sincero, no me quita el sueño si es a través de un largo proceso de Asamblea Constituyente que la legitime o mediante reformas constitucionales profundas. Lo importante es que terminen los enclaves autoritarios que quedan y se refleje un modelo económico, social y político más acorde con la ciudadanía de hoy.
Por eso veo en la Nueva Constitución que menciona el programa, una oportunidad para fortalecer la posición que ocupamos las personas frente al desarrollo tecnológico y que mejor forma que a través del reconocimiento constitucional expreso de nuevos derechos fundamentales.
Eso sí, a diferencia de otras Cartas de Derechos en que se han ido reconociendo derechos fundamentales nacidos del paradigma tecnológico que vivimos, en el programa de gobierno de Michelle Bachelet no se explicitan.
Pese a ello, hay dos puntos relevantes:
1. Se reconocerá expresamente el Derecho de Acceso a la Información Pública.
Actualmente, este derecho sólo se encuentra implícito en la Constitución, según el Tribunal Constitucional. Si Chile es una república democrática (Art.4), sus autoridades están sujetas alaccountability; más aún si sus actos y resoluciones, los fundamentos de éstos y sus procedimientos son públicos (Art.8); y si se reconoce el derecho a la libertad de información (Art.19 °12).
Sobre esto último, según la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ratificada y vigente en Chile, dicha libertad no sólo asegura a todas las personas la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin censura previa, sino también de acceder a la información pública en poder del Estado.
Gracias a su desarrollo expreso se le dará más visibilidad hacia la ciudadanía, labor que hasta ahora ha tratado de generar el Consejo para la Transparencia, pero aún con un alto nivel de desconocimiento de parte de las personas.
Además, con rango constitucional, este derecho podría verse reforzado por acciones constitucionales como el recurso de protección y exigirse respecto de otros órganos públicos que no se rigen por la Ley de Transparencia en este punto, como el Congreso y el Poder Judicial.
2. Se garantizará el derecho a la identidad, a la intimidad personal, a la propia imagen, al honor y al nombre.
Este punto abre la puerta a un importante reconocimiento, absolutamente necesario frente al desarrollo tecnológico. A partir de esta garantía de la identidad es posible contemplar el derecho a la autodeterminación informativa y, con ello, dar sustento constitucional a la protección de datos personales.
Un avance en esta línea permite una mejor cobertura al resguardo de nuestros derechos individuales, frente al uso abusivo que realizan terceros con nuestros datos. Ya no se trataría sólo de un problema de vida privada, sino un derecho de decisión sobre lo que terceros pueden hacer con la información que nos concierne, necesario para el libre ejercicio de una serie de derechos como la libertad de opinión y de reunión, la vida privada, la igualdad y tantos otros.
Ese sería un piso más sólido para enfrentar, por ejemplo, los abusos en redes sociales y los vacíos que aprovechan las empresas que trafican con nuestra información.