(Opinión publicada en diciembre de 2013)
La gestión pública requiere un mejoramiento continuo y una transformación más profunda, facilitada por la tecnología, mirada como instrumento de cambio.
Una de las valiosas experiencias que tuve en mis años en la Contraloría General, fue seguir muy de cerca proyectos de modernización estatal. Recuerdo con gusto las distintas mesas de trabajo gubernamental en que participé, representando al “Ente Fiscalizador”, en donde se abordaron muchos temas de e-government, a través de las Agendas Digitales.
Fue muy enriquecedora la posibilidad de participar en equipos de trabajo sobre documentos electrónicos; en la elaboración de normas técnicas sobre interoperabilidad basada en XML; sobre spam; sobre seguridad y confidencialidad –donde adaptamos a la situación chilena, la norma ISO 17.799, hoy ISO 27001-; proponiendo mejoras a las leyes de Protección de Datos y de Delitos Informáticos; entre otras.
Por esa razón, es importante identificar el enfoque que tendrá la Agenda Digital del gobierno de Michelle Bachelet, como herramientas para profundizar la transparencia, aumentar eficiencia estatal y mejor calidad de servicios. Sus ideas principales son:
1. Promover el uso de nuevas tecnologías por parte de la ciudadanía.
Me parece que acá hay que ser cuidadosos, para no caer en una falacia. No se logra enfatizando únicamente la oferta de tecnología de punta en el mercado nacional. Más que nada esa promoción implica educar, sacar del analfabetismo digital a nuestros profesionales e incluir a mayor número de mujeres.
Esto último no lo digo por machismo, sino para una mayor eficacia en la modernización del Estado. Hay estudios que indican que los hombres realizan más trámites en línea que las mujeres, pero que son éstas quienes acuden más al Estado. Por lo tanto, sería óptimo que las mujeres, con mayor uso de servicios del Estado, puedan aprovechar realmente los avances en gestión electrónica del Estado.
2. Encomendar al Ministerio de Economía como conductor del desarrollo digital.
Durante el gobierno del Presidente Piñera ha existido un enfoque que no comparto del todo, respecto del desarrollo digital de nuestro país, por parte del Ministerio de Economía.
Su papel más bien es de órgano regulador y, en ese sentido, veo con preocupación lo que ha planteado en temas de firma digital y de protección de datos personales.
En el primer caso, las nuevas guías de acreditación de empresas certificadoras de firma electrónica y, sobre todo, los nuevos servicios de sellado de tiempo, firma móvil y biométrica, siguen favoreciendo un modelo elitista para Chile y no necesariamente más seguro.
Sobre el segundo, MINECON ingresó un proyecto de ley en trámite que propone al SERNAC como órgano de control de protección de datos personales, lo que constituye un grave error porque no es un asunto de consumidores, sino un fenómeno más profundo, de garantía real a la dignidad y libre ejercicio de todas las personas, no solo en relaciones de consumo.
Valoro más la labor coordinadora y transversal del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, a través de iniciativas como Gobierno Abierto, Chile Atiende, Chile Sin Papeleo, Interoperabilidad y otras.
En la próxima Administración el MINECON asumirá un rol conductor, tanto en el diseño de políticas del área, promoción de iniciativas de gobierno electrónico, desarrollo de la industria de tecnologías de información y promoción del acceso a nuevas tecnologías. Eso sí, insisto, el desarrollo tecnológico no es sólo un asunto de consumidores ni sólo para cuidar a las empresas, por lo que ojalá se note un sello distinto.
3. Desarrollar una estrategia de seguridad digital.
Un tema realmente fundamental. El programa plantea la necesidad de proteger a los usuarios privados y públicos contra posibles acciones de violación de fuentes de datos, junto con la protección de la privacidad de nuestros ciudadanos.
Visto desde dos perspectivas, primero debe leerse como el momento para terminar con las medidas “parche” que desde 1999 vienen adoptándose, aparentemente, para proteger los datos personales de particulares y de funcionarios públicos. Hay mucho que hacer, así que miro con optimismo si algo se avanza para frenar los abusos que hoy se validan a través de un sistema de protección de datos sin garantías.
Por otro lado, al abordar la seguridad de la información deberían corregirse ciertos errores que, a mi juicio, se han cometido al tratar de implementar la norma ISO 27001 en la Administración del Estado.
Sólo por mencionar un ejemplo, como parte de metas institucionales (Planes de Mejoramiento de Gestión) se pretendió implementar en 1 año un estándar internacional que demora cerca de 3, sin asignar recursos suficientes, sin metodología clara, sin respetar las diferencias que existen entre los Servicios Públicos.
Además, al hacerlo como parte de los PMG se comparte el vicio que hoy tiene el modelo. Es un hecho que los PMG no siempre se implementan para mejorar la gestión pública, sino más bien solo para obtener un bono a fin de año.
En definitiva, hoy, con las elecciones ya resueltas, creo importante haber dado a conocer algunos aspectos del programa de la Nueva Mayoría, referidos al desarrollo tecnológico. Deseamos el mayor de los éxitos a lo que viene, ya que en definitiva no son de una persona o de un grupo, sino del país entero, incluso de los que no fueron a votar.