
(Opinión publicada en enero de 2015)
¿Es cierto que un proyecto de ley sobre Medios Digitales en Chile destruirá la libertad de expresión en redes sociales y blogs personales?
Recuerdo una conferencia de Manuel Castells en donde señalaba que, a lo largo de la historia, los grandes movimientos sociales siempre han nacido de un conflicto, de la molestia de unos pocos a la indignación de muchos.
Hace un par de días, cuando leí la noticia de que el proyecto de ley de medios digitales en Chile atropellaría nuestra libertad de expresión en Internet, me sentí así, indignado, tanto como para querer iniciar un movimiento.
Es que llevo más de 15 años abogando por un desarrollo tecnológico centrado en las personas y sus derechos, y normalmente veo muy poca voluntad política para garantizarlo.
La noticia describe un panorama desolador para nuestra libertad de expresión en Internet, si se quiere publicar un blog o participar en redes sociales. Pero ya no me sorprenden las regulaciones en que el Estado abusa de forma evidente, con leyes que no se hacen cargo del impacto en las personas.
Tratándose de nuestros derechos en la era digital, nos tienen acostumbrados a proyectos inconsistentes, mediáticos, reactivos e, incluso inconscientes, por lo que bien vale estar atento cada vez que sospechemos una situación de ese tipo.
Afortunadamente, tras un comentario que me hizo la profesora Lorena Donoso y luego de leer el proyecto con detención, debo reconocer que el proyecto no es lo que se teme. Es un proyecto tan menor, de una importancia, a mi juicio, tan mínima, que ni siquiera se asoma como un riesgo a nuestra libertad de expresión.
¿Un proyecto sobrestimado?
Sí. En términos generales, el proyecto de ley únicamente pretende reconocer que los diarios también pueden ser electrónicos y que tienen que cumplir las mismas formalidades legales que se aplican a los diarios en papel. Eso sí, agrega algunas exigencias particulares para el soporte –sin una clara justificación-, como el acreditar la inscripción del nombre de dominio.
Además, el proyecto viene a reconocer una realidad que desde al menos 15 años, ya está advertida. Claro, recuerdo que el año 2000 me tocó redactar el dictamen 33.059, de la Contraloría General de la República, en donde se señaló que los propietarios que inicien la publicación de diarios a través de Internet por un medio o soporte digital o electrónico –como las páginas web-, están sujetos, al igual que los que lo inician por medios tradicionales, a cumplir las mismas exigencias legales.
Después vinieron otros dictámenes e incluso leyes más claras para reconocer esa equivalencia entre soportes, como Ley de Prensa y la Ley de Documentos Electrónicos.
Por lo tanto, este proyecto aspira a decir de forma expresa lo que desde hace varios años se viene interpretando.
Ideas finales para ir a dormir más tranquilo
A partir de este breve revuelo en la prensa y, precisamente, en redes sociales, he pasado desde la molestia a la tranquilidad. Por ello, cerraré con un par de ideas:
1. Cuando leamos o escuchemos que por vía legal el Estado puede afectar nuestros derechos en la era digital nos debe molestar, al nivel de la indignación. Nuestra indiferencia puede costar muy cara, cuando arbitrariamente nos quitan derechos. En este caso, igualmente estemos atentos para exigir que nuestros representantes legislen haciéndose cargo de los impactos.
2. El riesgo para nuestros derechos es mínimo, al menos mientras no cambie el sentido del proyecto. Por ahora su alcance es muy menor, solo para reconocer la existencia de diarios electrónicos y no aplica a nuestras opiniones periódicas en redes sociales, blogs o páginas personales.
Por lo tanto, podemos dormir tranquilos, pero debemos despertar atentos.