• Rodolfo Herrera Bravo

¿Una luz al final del túnel?


(Opinión publicada en julio de 2014)
El Ministerio de Economía ha abierto un proceso de consulta pública sobre un anteproyecto de ley de protección de datos que resulta, en términos generales, un avance a lo existente y a otros intentos de reforma.
Tanto académica como cotidianamente se percibe una situación de desprotección frente al uso de datos personales que realizan terceros. Desde el típico “acumula puntos… deme su RUT”; pasando por el “¿Y cómo saben mi teléfono si yo no soy cliente de ese banco?; hasta llegar al “no entiendo por qué me cuesta tanto encontrar un buen trabajo” o “te mato si subes esa foto a Facebook”, día a día somos víctimas de nuestras propios dichos o acciones que, con total descuido, comparten más datos personales que los que desearíamos dar a conocer.

Para algunos todo se ve negro, es una lucha perdida ante el avance tecnológico en donde defender la privacidad no es más que una declaración quijotesca. Estar expuestos sería el costo de vivir conectado y “disfrutar” lugares más seguros.

Si a eso sumamos una legislación de protección de datos que no actúa como un real instrumento de garantía frente a los abusos, quienes nos dedicamos a estas materias estamos transitando por un túnel oscuro, del que no podemos salir ni retroceder.

Han sido innumerables los intentos por corregir lo anterior, desde hace casi quince años –la Ley 19.628, sobre Protección de la Vida Privada es de 1999-, pero solo han existido malas propuestas y sin una visión sistémica del asunto. De hecho, se ha vinculado la protección de datos casi exclusivamente a la información crediticia de deudores.

Por ese motivo, luego de leer el anteproyecto de ley que el Ministerio de Economía puso a disposición en consulta pública, veo con buenos ojos lo que pudiese resultar. 3 avances claros del anteproyecto

En términos bien generales y, teniendo en consideración que se trata de un borrador que debe mejorar en redacción y algunos temas de fondo, se diferencia de otros por cuanto reconoce que en esta materia no debemos innovar. Existen modelos proteccionistas bien definidos a nivel internacional, principalmente el europeo que se replica en distintas latitudes, incluso entre nuestros vecinos de Latinoamérica. Por esa razón no tiene ningún sentido elaborar una ley de protección de datos vanguardista que experimente con los derechos de las personas, como lo hace el proyecto de ley que desde 2012 está en el Congreso y que, supongo, se archivaría al ingresar este nuevo proyecto año 2014.

Aunque voy a ir analizando los distintos artículos del anteproyecto de forma separada, por ahora me limito a destacar algunos puntos fuertes del documento:

1. Mira el tema como un “sistema” de protección de datos. Esta es una expresión que vengo utilizando desde hace más de 10 años en la cátedra y mis escritos, y que ahora se estaría comprendiendo. De este modo se espera una ley que sepa coexistir con otras, como la Ley de Transparencia o la Ley de Prensa, y que aborde la temática en su conjunto, no con parches.

2. Amplía el ámbito de aplicación no sólo a los datos objeto de tratamiento, sino también aquellos contenidos en documentos. De este modo, esta ley podría ser una garantía importante para otros derechos débiles en la actualidad, como la propia imagen o la reputación.

3. Replica el modelo del Consejo para la Transparencia, creando un órgano administrativo autónomo y fiscalizador de protección de datos –no como el pésimo proyecto que encargaba este tema a una mera mediación del SERNAC-; además de establecer un sistema de sanciones basado en multas, más que la ilusoria indemnización de perjuicios actual, lo cual puede operar de manera disuasiva y no sólo eventualmente reparatoria.

Esperemos que efectivamente se trate de una luz al final del túnel y no otro proyecto que no avanza por culpa de los grupos de presión interesados en mantener el statu quo de la desprotección.

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