En noviembre de 2015 se lanzó la Agenda Digital del actual Gobierno y lo digo más con desaliento que optimismo, luego de leerla. Desde hace cuatro Administraciones, cada una elabora la suya, como si al hacerlo dejara su impronta, su contribución al desarrollo tecnológico del país.
Se redactan por grupos de expertos, separados por temáticas –fue mi caso en la Agenda Digital 2004-2006, donde integré el Equipo de Marco Normativo-, pero como no van acompañadas de procesos de consulta pública, dejan la impresión de reflejar solo los intereses de quienes lograron participar.
Cada agenda parte aparentemente de cero, ignorando la anterior como si no existiera. Por ello duran solo 2 años y medio, en promedio. Esto es grave, es síntoma de ineficiencia, porque no parece que realizaran una evaluación previa de lo planificado a esa fecha ni midieran su grado de implementación. Aunque, curiosamente, se vuelven a repetir muchas iniciativas. Claro, es obvio, mientras no se concreten seguirán siendo temas importantes que el país debe abordar.
¿Qué son las Agendas Digitales?
Las Agendas Digitales son hojas de ruta que definen los pasos –supuestamente próximos- para materializar políticas públicas vinculadas a tecnologías de información. Por ejemplo, en la Agenda 2020 sus ejes están en desarrollar un marco normativo para el entorno digital, masificar la conectividad, fortalecer el gobierno electrónico, impulsar la economía digital y mejorar competencias.
Reconozco que fue una grata experiencia participar en el Grupo del Marco Normativo en la Agenda Digital 2004-2006, ya que correspondió a un período de muchos avances en la materia, sobre todo en Gobierno Electrónico. Después hubo, a mi juicio, un notorio freno en la velocidad que llevábamos, pero igualmente se elaboró una Agenda, denominada Estrategia Digital 2007-2012. Como no podía ser menos, el siguiente Gobierno también sacó su Agenda Digital Imagina Chile 2013-2020. Y ahora, lo propio con la Agenda Digital 2020.
Como ven, mucha planificación, muchos documentos, muchas declaraciones. Si tan solo alguna Administración se dispusiera a concretar más que a planificar…
Mi desazón viene respecto de las medidas legales que incluye esta Agenda, muy similares a las que prometieron sus predecesoras. Además, me preocupa que el documento parta con declaraciones autocomplacientes que en nada contribuyen. Por ejemplo, dice que la legislación informática que hemos dictado desde hace 20 años (en delitos informáticos, protección de datos y firma electrónica, principalmente), “nos ha situado a la cabeza de la región”. Me recuerda a los comentaristas de fútbol que por décadas solo hablaban del tercer lugar en el Mundial del 62. Hoy –y desde hace muchos años ya- estamos muy atrasados en comparación con nuestros vecinos y, para qué decir, con las legislaciones de países más desarrollados tecnológicamente.
Tampoco comparto cuando dice que es necesaria la actualización legislativa porque la normativa con que contamos ha quedado superada por el avance tecnológico o por el desarrollo jurídico internacional. En mi opinión, no es que haya quedado superada; nuestra legislación informática “nació superada”, como en los siguientes casos:
- Con una ley de delitos informáticos que da más valor al hardware que a la información y no conoce del cibercrimen;
- Con una ley de datos personales que carece de garantías básicas para mitigar el tráfico descontrolado de nuestros datos; y
- Con una ley de firma electrónica que no hace más que mantener un negocio para 5 o 6 empresas acreditadoras, a costa de frenar la masificación de políticas de identificación digital más seguras.
¿Qué medidas considera la Agenda 2020 para actualizar el marco normativo?
1. Presentar un proyecto de ley (otro más) de Protección de Datos Personales. Estuvimos tan cerca de lograrlo a fines de 2014, por fin con un proyecto de ley que corregía gran parte de nuestros problemas, pero fue “secuestrado” por el Ministerio de Hacienda –como bien dice el profesor Reusser- y, al día de hoy, ni siquiera ha ingresado al Congreso. Es más, habría influido en la reciente renuncia de la Subsecretaria de Economía, que lo estaba liderando.
2. Impulsar (sin decir quién ni cómo) medios de pago electrónico para masificar ese sistema y lograr que los pequeños comercios los utilicen. Pero me pregunto si esa masificación también irá asociada a abrir la competencia de adquirentes frente al monopolio de Transbank.
3. Impulsar la masificación de la firma electrónica (nuevamente sin detalles). Señala que la idea es lograr una mayor aceptación de documentos digitales en juicio, dar mérito ejecutivo a letras de cambio y pagaré electrónico, y sustituir papeles. Gran tarea. Ahora bien, de ahí a que ello masifique el uso de la firma electrónica… No lo creo, si se basa en el modelo de firma avanzada que tenemos.
4. Cobrar impuestos sobre productos digitales. Sin comentarios.
5. Compras públicas digitales. Acá se ha avanzado con la Directiva 24 de ChileCompra.
6. Por último, otorgar visa para quienes prestan servicio a multinacionales tecnológicas. Tal vez una medida muy puntual que no amerita incluirse en la Agenda para llevarla a cabo.
Ojalá me equivoque, pero dudo que se logren concretar estas medidas en el poco tiempo que tal vez esté vigente la Agenda, más aún si no se asocia a responsables y plazos.
Mientras tanto siguen pasando los años, los Gobiernos y las Agendas Digitales.