Tuve la suerte de utilizar el servicio de UBER en un viaje a México y, sinceramente, quedé muy satisfecho. Fue muy cómodo y mucho más barato que taxis tradicionales. Por supuesto, mi experiencia puede ser distinta a la suya.
Sin perjuicio de ello, todos conocemos el agresivo enfrentamiento del gremio de taxistas en contra de los choferes de UBER. Si bien no lo apoyo como consumidor, hasta cierto punto, puedo entenderlo. Claro, de pronto irrumpe una competencia que difícilmente pueden mejorar: Tarifas más baratas, vehículos más cómodos, servicio puntual y cordial, pago con tarjetas y con la seguridad de conocer quién es el chofer y contar con registro del trayecto realizado.
Además, no está sujeto a las mismas regulaciones que deben cumplir los taxistas y acá me quiero detener, porque el Ministerio de Transporte zanjaría el conflicto a través de una ley para regular la actividad de UBER, CABIFY y otras plataformas similares.
Aún no conozco el proyecto, pero sospecho que terminará arruinando este modelo de consumo colaborativo, que funciona bien entre el consumidor y prestador, encasillándolo al igual que los taxis tradicionales (no siempre a la altura).
Ello aumentará sus costos, probablemente afecte la calidad de servicio y, sin duda, elevará sus tarifas. Así, como siempre, los consumidores serán los perjudicados, pese a que la autoridad diga que la ley nos brindará más seguridad y derechos frente a estas plataformas. Pero, ¿estamos pidiendo eso? ¿Queremos que se nivele hacia abajo?
Me preocupa la señal que puede dar Chile frente al consumo colaborativo, desnaturalizando un modelo esencial para transitar hacia economías sostenibles, bajo nuevas miradas sobre la confianza, el intercambio y la propiedad.
Me preocupa que esa ley sea el primer paso para que el Estado asuma que, frente a estas innovaciones tecnológicas, “debe” intervenir a través de las formas de control que conoce y le son familiares: prohibir plataformas o servicios al considerarlos ilegales, o bien, obligarlos a asimilarse a formas tradicionales parecidas.
Me preocupa porque el Estado, frente a lo innovador, a modelos más desregulados, basados en la confianza y la cooperación entre pares, parece no ser proclive a favorecer la autorregulación o a trabajar en una regulación mínima ad hoc para maneras distintas de hacer las cosas.