¿Has escuchado alguna vez a alguien decir “te hace falta un golpe vitamínico”? En mi caso, se lo he oído decir a mi mamá muchas veces. Y que duda cabe, suele ser un buen consejo, entregado desde el cariño y la experiencia, que, en sus dosis correctas, permite que el cuerpo funcione adecuadamente en momentos de déficit nutricional o de enfermedades.
Hace un par de semanas amanecí con poca energía, muy cansando y sin fuerzas, notoriamente más débil que los demás días, por eso, lo recuerdo. ¿Covid-19? No, afortunadamente. Sin embargo, igualmente me sentía débil, con los párpados más pesados de lo habitual, con dificultad para concentrarme y haciendo todo más lento. Lo ideal habría sido “tomarme el día” para reponerme, pero esa semana comenzaba una clase nueva en la Universidad y aún necesitaba preparar los últimos detalles, así que no pude. Confieso que, por más que trataba de poner toda mi atención a ello, mi cuerpo no me acompañaba. Todo parecía indicar que la clase que tenía al día siguiente iba a ser un desastre, pese a mi esfuerzo y mis buenas intenciones, ya que dejaría en evidencia una suerte de improvisación de mi parte y, probablemente, no lograría el objetivo de aprendizaje.
En ese momento, casi echado sobre el computador y con mi reputación en juego -bueno, tal vez decir eso es un tanto exagerado, pero no me gusta improvisar mis clases-, vinieron a mi mente esas palabras de mi mamá. ¿Y si realmente me hacía falta un golpe vitamínico? Busqué entre unos remedios y encontré un multivitamínico que, por suerte, aún no estaba vencido. Lo tomé y, ya en la tarde, me sentía mucho mejor, aún a tiempo para preparar mi clase.
El tema que traté con mis alumnos fue un análisis a la ley N°21.180, de 2019, sobre Transformación Digital del Estado. La idea era razonar críticamente sobre el nuevo marco legal que, si bien a la fecha aún no entra en vigor, promete un cambio radical en la gestión pública de la Administración del Estado en Chile. Esto parte porque el legislador advirtió que el camino recorrido en nuestro país desde fines de los noventa respecto a la automatización de trámites, procesos y procedimientos en el Estado, ha sido insuficiente, como un cuerpo carente de energía.
Frente a esa situación, esta ley apuesta por una mayor agilidad y eficiencia del Estado, imponiendo la obligación de que todos los procedimientos administrativos sean completamente electrónicos. También exige que los actos administrativos consten únicamente en ese formato. Asimismo, las comunicaciones entre órganos públicos, las notificaciones y la interacción con la ciudadanía solo podrá realizarse a través de medios digitales.
No puedo más que coincidir con el diagnóstico del legislador y apoyar esta transformación. No obstante, he participado en decenas de proyectos gubernamentales vinculados a tecnologías de información, desde 1999 a la fecha. Durante todos esos años he visto, con desilusión, como la mayoría de esos proyectos quedan en pilotos o fases preparatorias o, derechamente, se abandonan sin terminar. En fin, he sido testigo como la falta de voluntad política y de visión de Estado a largo plazo ha causado la procrastinación estatal en materia de transformación digital.
¿Será distinto esta vez? En realidad, no lo sé. Aún no se han publicado los reglamentos que construirán la columna vertebral de la transformación digital del Estado, por lo que es difícil analizar realmente la nueva normativa. Esos reglamentos son clave para el éxito de la ley N°21.180. Tampoco se conoce con claridad los recursos que serán necesarios para implementar los cambios dentro de los diferentes órganos de la Administración. Únicamente se conoce un par de DFL, uno sobre microformas digitales y destrucción de documentos originales, y otro sobre implementación gradual de la ley N°21.180, según materias, grupos y fases. Sin embargo, igualmente será necesario que cada organismo cuente con un plan propio a su realidad, para cumplir dentro de plazo. Y, por último, la puesta en marcha de los procesos de transformación digital se efectuará a partir del próximo Gobierno. En resumen, a día de hoy, hay más incógnitas que certezas.
Lo anterior me genera una preocupación. Ojalá no estemos frente a un proyecto de transformación digital ambicioso y bien intencionado que, lamentablemente, se levante en uno de esos días sin fuerza, sin la energía necesaria, por ejemplo, por falta de recursos o por mala planificación y priorización al interior de los órganos públicos.
Frente a ese escenario, bien le haría un “golpe vitamínico” a la transformación digital del Estado. Con esta metáfora me refiero al apoyo que podría recibir desde otras temáticas, complementarias, pero que no se abordan en la ley N°21.180. Esas “vitaminas” le darían un piso más sólido a la construcción de un Estado que digitaliza su gestión. Solo por mencionar algunos ejemplos, me vienen a la mente, inmediatamente, al menos 3 vitaminas esenciales para fortalecer el correcto funcionamiento de ese cuerpo llamado Ley de Transformación Digital del Estado. Me refiero a las vitaminas A (por acceso), C (por ciberseguridad) y D (por datos). También podríamos inventar otras, como las vitaminas I (por identidad digital), G (por gestión documental) y L (por lenguaje claro). En esta oportunidad, quiero referirme a los beneficios que aporta esa Vitamina A para la transformación digital.
Vitamina A: Acceso a Internet como derecho fundamental
Transformar digitalmente al Estado se realiza con un fin bien preciso: mejorar la calidad de la función pública a partir de la gestión electrónica. Por décadas se ha escrito sobre los vicios y errores que deben ser desterrados o corregidos, a través de un nuevo modelo de gestión pública apoyado en algún instrumento con potencial transformador. Evidentemente, una de las herramientas más poderosas es la tecnología digital y, para que decir, Internet. Gracias a esta red digital mundial es posible simplificar trámites, ampliar cobertura territorial, impulsar políticas públicas, ofrecer canales de participación ciudadana, cambiar la apatía de la comunidad frente al Estado, transparentar la función pública, facilitar acceso a información y servicios digitales y comunicar las decisiones oficiales.
Por supuesto, Internet es solo una herramienta, con enorme potencial transformador, pero que no basta por sí sola. Sería tan absurdo como pensar que, solo por regalar notebook a los escolares mejora la calidad de la educación y éstos aprenden más y mejor. Hay mucho más trabajo por hacer, de fondo, para lograrlo. Del mismo modo, sería tan superficial como sostener que la brecha digital se supera con más conectividad, ancho de banda y acceso masivo a dispositivos móviles. Por el contrario, esas medidas, por sí solas, pueden aumentar la brecha, porque maquillan desigualdades más profundas, en lo social, educacional y económico.
El uso de Internet por parte del Estado, de ese Estado que ahora se transforma digitalmente, solo es beneficioso si se realiza dentro de democracias sólidas.
Para transformar al Estado, Internet necesita ser utilizada en un contexto sólidamente democrático y recalco ese punto, no basta con democracias meramente formales, en donde la corrupción es alta y el control de las autoridades es débil. Sin esa condición democrática, el uso de Internet podría derivar en un instrumento de manipulación o que se admita solo en escenarios favorables para los gobiernos de turno. No hay que olvidar que la tecnología, pese a todas sus virtudes, no transforma por arte de magia a los gobiernos totalitarios y corruptos, en democráticos y probos. La gestión electrónica de un tirano, no es sino la codificación digital de los abusos que comete en el mundo físico.
No obstante, a mi juicio, lo más riesgoso es ese lobo con piel de oveja, es decir, aquellos gobiernos elegidos democráticamente, que se desenvuelven en un Estado de Derecho, con instituciones que deberían ejercer controles cruzados a la arbitrariedad, pero en donde las autoridades exceden sus atribuciones y ello se normaliza. Especialmente me preocupa cuando las potestades de control, supuestamente en pro de la seguridad de las personas, las materializan con medidas que conculcan las libertades de la propia ciudadanía a la que dicen proteger. Por ejemplo, cuando un alcalde inunda el cielo de drones y te “ordena” a través de un parlante irte de una plaza. ¿Cuántas veces esa orden previene un delito (al estilo del “pre-crimen” de Minority Report, de Philip K. Dick) y cuántas veces solo es un prejuicio por apariencia? ¿Hasta qué punto se puede garantizar que se trata de un control tecnológico eficaz para la seguridad de las personas? ¿Y si es más una forma de marketing de las autoridades que, lejos de solucionar el problema, solo generan falsas sensaciones de seguridad, a costa de la miopía de víctimas que agradecen cómo se les quitan libertades?
Internet y las redes sociales son un arma poderosa para cualquier gobernante que, en democracia, desee manipular la información o medir la disidencia. Obviamente, durante períodos de elección ya son famosos los casos internacionales ocurridos, por ejemplo, con Cambridge Analytica. Pero el alto consumo de información a través de redes sociales, en muchos casos sin verificación alguna de su veracidad, es un escenario perfecto para “discursos oficiales” construidos con datos falsos o parciales por parte de un gobierno sin escrúpulos. Además, con la excusa de “medir la temperatura” de las opiniones de la ciudadanía en redes sociales, supuestamente para “escuchar” sus demandas, cualquier gobierno tiene importantes herramientas para identificar de forma precisa a las personas que le resultan más incómodas. Por eso vuelvo a la idea de que el uso de Internet por parte del Estado, de ese Estado que ahora se transforma digitalmente, solo es beneficioso si se realiza dentro de democracias sólidas.
En Chile estamos en un proceso constituyente inédito. Más de un centenar de representantes de la sociedad civil están redactando una nueva Constitución Política. Precisamente en ella debería recogerse una democracia mucho más fuerte que la actual. Esa democracia necesita mayor equilibrio en el poder político y económico, mayor control hacia las autoridades y más deliberación ciudadana sobre lo público. Por esa razón, creo que este momento de cambio es un buen escenario para la transformación digital del Estado.
Al transformar digitalmente al Estado la gestión pública se apoya en un uso intenso e innovador de la tecnología, no solo con la finalidad de lograr un buen gobierno más eficiente, eficaz y coordinado, sino también para mejorar la calidad de los servicios que brinda, la participación ciudadana y la transparencia.
En esa utilización de la tecnología, la comunicación digital entre el Estado y la ciudadanía está llamada a intensificarse. Por ese motivo, el acceso a Internet -esa vitamina A sobre la que me refiero- debería ser más que conectividad y aparatos móviles. Debería ser una consecuencia necesaria del reconocimiento de un nuevo derecho social que se incluya en la nueva Constitución: el derecho fundamental de acceso a servicios digitales de calidad, garantizado para todas las personas.
Más que un derecho de acceder a la red, lo veo orientado a lo que ella ofrece y, que en el caso del Estado, serían precisamente sus servicios. Además, no se tendría que olvidar la mención a la calidad, ya que durante la pandemia quedó en evidencia que no es lo mismo tener Internet en una comuna o en otra. Y no solo lo digo respecto de las zonas rurales o las zonas urbanas más pobres, sino también en el resto del país, en donde la clase media precaria podría ser, en principio, la principal usuaria de los servicios digitales del Estado (bonos, subsidios, pensiones, educación, salud, vivienda, tributación, permisos, entre otros).
De este modo, el llamado derecho de acceso a Internet no sirve solo en un reconocimiento constitucional o legal, sino que es esencialmente concreto y, por tanto, debe ser garantizado. Es decir, es un derecho con la posibilidad real de exigirlo si no se respeta y con una institucionalidad que se preocupe de ello.
El derecho de acceso a Internet es un tema muy delicado, lejos de ser una mera declaración romántica o una aspiración. Si no se consagra formalmente y no se garantiza realmente, podría ocurrir una paradoja, en donde la transformación digital del Estado agudice las desigualdades, dando un sello elitista a los trámites y comunicaciones por Internet y aumentando la brecha respecto de aquella parte de la población con menos recursos y conocimientos tecnológicos, que, normalmente, es la que más demanda la ayuda estatal. Por eso la importancia de esta vitamina A para la transformación digital.
Commenti